Nueva tarea para el Gobierno antes de las elecciones y con el 'hándicap' de las Cortes disueltas en dos semanas: desarrollar reglamentariamente la nueva Ley de Créditos Inmobiliarios, para que pueda ponerse en marcha sin problemas. Más de quince meses han tenido que transcurrir para que la reforma de la ley hipotecaria presentada por el Gobierno anterior haya sido aprobada por el Congreso de los Diputados después de un periplo de negociaciones para adaptar una normativa europea que debería haber estado lista hace ya tres años. El texto, avalado en su mayor parte por PP, PSOE y Ciudadanos, intenta resolver algunos de los asuntos más espinosos que han afectado a muchas familias en estos últimos años en materia de desconocimiento de cláusulas suelo, abono de las cargas asociadas a los préstamos, falta de información en los términos de las escrituras o consecuencias de los impagos tras la crisis.

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