Los notarios cuentan con una nueva herramienta para luchar contra la corrupción e identificar prácticas de blanqueo. Se trata de una gran base de datos en la que se identifica a 25.000 personas de responsabilidad pública (altos cargos de la administración y sus allegados) y con la que vigilan «los negocios que desarrollan todos aquellos que ejercen un cargo público». En concreto, este archivo ha sido desarrollado por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado -una entidad creada en 2005 e integrada por expertos en la lucha contra el blanqueo que se encarga de centralizar toda la información enviada por los notarios y en caso de ser sospechosa enviarla a las autoridades antiblanqueo como el Sepblac-. Así, aunque fue presentada ayer, la base de datos funciona desde noviembre y está siendo utilizado para investigar y cotejar información por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la Fiscalía o Hacienda.