El establecimiento desde el año 2015 de un sistema de Derecho Civil propio para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca ha cambiado radicalmente la forma de enfocar la planificación de las relaciones de sus habitantes en el ámbito familiar y sucesorio, así como la resolución de las situaciones surgidas a raíz del fallecimiento, de la distribución de la masa hereditaria o de la ruptura del matrimonio, entre otras. Además, la ampliación del marco territorial en el que deben aplicarse determinadas instituciones hasta ahora constreñidas a una reducida zona geográfica de algunos Territorios Históricos, exige que los operadores jurídicos deban no solo conocer los nuevos textos legales y su interpretación, sino también su aplicación y consecuencias prácticas. Entre ellas, y no menos que las civiles, están sus consecuencias fiscales, máxime en un marco competencial propio derivado del Concierto Económico que lo hace incluso más complejo.