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Hoy entra en vigor la Ley de Discapacidad

La autonomía personal será el principio vertebrador del nuevo marco legislativo. Los derechos civiles de las personas con discapacidad se equiparan jurídicamente a aquellos ciudadanos que no están en esta situación

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Hoy, 3 de septiembre, ha entrado en vigor la Ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La mayor reforma de nuestro Derecho privado abordada en época democrática (Ver Ley 8/2021)                                                                       
 
Hasta ahora, para que las personas con discapacidad pudieran ejercitar sus derechos, ya fueran patrimoniales (compraventa o préstamos hipotecarios), personales (actas, poderes…), familiares (capitulaciones matrimoniales, matrimonio, reconocimiento de hijos, divorcio…) o sucesorios (testamentos y particiones hereditarias…) lo habitual era que sus familias solicitaran su incapacitación judicial, que sustituía su toma de decisiones y su autonomía de la voluntad.
 
A partir de ahora, se arbitra un modelo de apoyos que no sustituye la voluntad de las personas, al contrario, las respalda para desarrollar su proyecto de vida. De esta manera, en la mayoría de los casos, no se necesitará una resolución judicial, como sucedía hasta ahora, sino que será la propia persona quien designe o establezca los apoyos que precise, y su voluntad deberá ser respetada.
 
El ordenamiento jurídico español siempre ha distinguido entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. La primera es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones; la segunda, la aptitud para celebrar válida y eficazmente actos y negocios jurídicos.
 
Esta última estaba limitada en caso de incapacitación para las personas con discapacidad, debiendo ejercerla por ellos su representante, normalmente su tutor.
 
El nuevo marco jurídico que regulará la discapacidad da un vuelco al sistema de actuación vigente, eliminando la incapacitación en la mayoría de las ocasiones y sustituyéndola por mecanismos de apoyo.
 
Dentro de los nuevos mecanismos de apoyo, que la reforma legislativa articula, encontramos los legales (curatela, defensor judicial y guardador de hecho) y los voluntarios (poderes preventivos, autocuratela y documento público de determinación de apoyos).
 
Este avance legislativo permite pasar de un modelo paternalista a un modelo en el que la voluntad de las personas -la autonomía personal- es el principio vertebrador del marco jurídico de la discapacidad y de los derechos civiles de las personas con discapacidad, equiparándolas jurídicamente a aquellos ciudadanos que no están en esta situación.
 
La reforma ha sido impulsada por Aequitas, la ONG del Notariado, y supone un reconocimiento a los esfuerzos en pro de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que desde hace año vienen realizando las asociaciones sociales integradas en CERMI.
 
En este nuevo contexto, “El asesoramiento notarial será clave para cumplir la ley y permitir el ejercicio de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad”, según palabras de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Madrid.
 
Los notarios nos mostramos orgullosos de contribuir al cambio de paradigma con todas las garantías jurídicas y contribuiremos, porque es nuestra obligación y compromiso, a facilitar que se adopten los mejores apoyos en cada caso.

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